APRODEH RECHAZA DECRETO LEGISLATIVO QUE PERMITE LA DISOLUCIÓN DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS Y NATIVAS

La Asociación Pro Derechos Humanos, APRODEH, expresa su profundo rechazo frente a la sorpresiva aprobación del Decreto Legislativo 1015, que facilita la disolución de las comunidades campesinas y nativas.
Efectivamente, el mencionado decreto establece que una comunidad campesina o nativa podrá disolverse o vender sus tierras simplemente con la aprobación de la mayoría de integrantes en una asamblea, sin tomar en cuenta si este corresponde siquiera a la mayoría de comuneros.
De esta forma, el actual régimen puede generar la masiva disolución de las comunidades campesinas y nativas, puesto que bastará que un grupo de comuneros así lo decida para que las comunidades pierdan sus tierras. Ellos podrían convocar una asamblea, sin avisarle a los demás y tendrían la posibilidad de disolver toda la comunidad. Ninguna persona jurídica se disuelve o vende su propiedad tan fácilmente. Al menos debería plantearse que la disolución sea aprobada por la mayoría de los comuneros.
Debemos señalar, además, que el Decreto Legislativo 1015 expresa textualmente el contenido del Proyecto de Ley 1992 presentado al Congreso y rechazado por la Comisión de Pueblos Amazónicos, Andinos y Afrodescendientes.
"Se ha esperado que terminen la cumbre ALC-UE para emitir una norma que evidentemente generará fuerte conmoción en la sierra y la selva del Perú. Las presiones que los nativos reciben sobre sus tierras son muy fuertes y será fácil para grupos de colonos apropiarse de ellas. Problemas similares pueden ocurrir con grandes empresas", señaló Wilfredo Ardito, responsable del área de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de APRODEH.
"Esta norma no ha sido promulgada para beneficiar a los campesinos, sino a las empresas mineras o petroleras que buscan adquirir las tierras de las comunidades campesinas y nativas. Nos preocupa especialmente que se pueda producir una gran conmoción social debido a la división interna en las comunidades. Asimismo, la norma atenta contra la seguridad jurídica de las zonas rurales y, en el peor de los casos, generará que los campesinos despojados migren a las ciudades", agregó Ardito.
"Llama la atención que hace pocos meses, en las Naciones Unidas la delegación peruana haya estado entre los principales impulsores de la Declaración sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y en el país, las poblaciones indígenas se vean amenazadas en un derecho tan importante como la tierra, del cual depende su subsistencia como personas y como pueblos".