LA SALVAJADA DEL TERCIO SUPERIOR EN EL SECTOR EDUCACION

Es innegable el interés del Gobierno por minimizar el peso en soles del sector educación en las arcas del estado. Estos 2 años de gobierno aprista se han caracterizado por continuos intentos de reducción de costos. Incluso la última huelga del SUTEP, fue convertida en tragedia para cientos de docentes pues se hizo efectivo el descuento por la horas no trabajadas. Las medidas que toma el gobierno mayormente son maquiavélicas, la última de todas ellas es el decreto que establece que para que alguien sea contratado en el sector educación debe pertenecer al tercio superior de su promoción de estudios. Toda una mala intensión de combatir dos tercios de sobreoferta nacional de docentes, y lo que más bien podría convertir un problema académico a un grave problema social.

Esta medida ha sido rechazada en varias regiones al interior del país a través de los gobiernos regionales de Arequipa, Cuzco, San Martín, Madre de Dios y según últimas informaciones también en Loreto. Pues en realidad no es tan fácil aplicar medidas tan drásticas, considerando los miles de docentes que se quedarían sin ninguna opción para ejercer su carrera. Es cierto que hay motivos para hablar de una deficiente formación de los docentes, y también son estresantes las cifras de sobreoferta, sin embargo más culpables de ello que los propios docentes son el gobierno central y muchas empresas privadas irresponsables.

Primero porque fue el primer gobierno aprista en los 80, el que realizó nombramientos indiscriminados de docentes, sin utilizar ningún criterio académico, pues incluso se nombró docentes con solamente quinto de secundaria. Yo en la secundaria en Rosa Agustina me topé con muchos de ellos, y sus deficiencias formativas eran evidentes. Ellos se adueñaron de cargos o vacantes que hasta ahora no dejan.

Segundo porque en los 90 proliferaron decenas de instituciones universitarias y no universitarias, la mayoría de ellas privadas que ofrecen hasta ahora formación docente. Estas instituciones amparados en la libertad de empresa, han agravado el problema, se han convertido en fabricas de profesores, impulsados por el amor al lucro, con el mínimo cuidado por la calidad formativa, importándoles solamente que los alumnos paguen las mensualidades, el resto no es relevante. Ellos son los que realmente vienen inundando el mercado laboral, con docentes de escasa formación. Desde mi perspectiva es una estafa en la narices de todos, sin que exista una respuesta clara del gobierno, como las consecuencias son en el mediano plazo, cada gobierno dicta medidas, no se pelea con los empresarios, mismo antalginazo o anestesia, luego deja bombas para su sucesor, lo malo es que perdemos todos.

Hasta el 2005 en el Perú existían 54 Facultades de Educación, 358 Institutos Superiores Pedagógicos (ISP) y 31 Escuelas Superiores de Educación Artística, que arrojaban anualmente 18000 egresados titulados al año, de esta cifra sólo 6800 accedían a un puesto de trabajo, dejando de lado a más de 11 000 docentes. Cabe mencionar que el Ministerio de educación desde el 2003, inició un proceso de reestructuración, que dio como primeros resultados el cierre (44), receso (1) y desautorización de matriculas a nuevos alumnos (78) de ISPs.

Estas medidas no han podido ser extendidas con la misma contundencia a las universidades, pues ellas gozan de autonomía o libre albedrío. Por otro lado existen 102 filiales de facultades de educación dispersas por todo el Perú, perteneciente a las 54 universidades que gradúan educadores; es importante tener en cuenta que en el 2004 existían 144000 estudiantes de educación a nivel del país. El origen de la sobreoferta es clara, antes de pensar en discriminar a los docentes, se debería cerrar o regular a las instituciones formadoras, para que egresen los alumnos que verdaderamente valen la pena.

Incluyo en ello también a mi alma mater la UNAP, cuya Facultad de Educación semestralmente arroja al mercado laboral decenas de docentes, principalmente de Inicial, Primaria, Lengua y Literatura, Biología y Química, todos ellos salen a competir con los cientos de docentes que están buscando su primera oportunidad de trabajo. Si ahora aplicaríamos el decreto del Tercio Superior, unos 200 profesionales al año se quedarían sin ninguna oportunidad laboral, adiós 5 años de estudios, todo fue por gusto.

Además me resulta curioso el hecho de que en especialidades como Matemática Física, en todos los procesos de admisión, tenga pocos postulantes y en cada semestre sus egresados no pasen de 4 alumnos. Y se conoce que en esta área, en los colegios, son escasos los docentes, por lo que los egresados tienen presuntamente más oportunidades de encontrar empleo. Lo que además nos indica las preferencia de los estudiantes de educación por especialidades menos complicadas que Matemática Física. Y para agravar las cosas respecto a este punto, justamente en esta materia se obtuvieron los peores resultados de los docentes en la Evaluación Censual Docente realizada el año pasado, donde incluso según palabras del propio Ministro de Educación, los resultados fueron dramáticos, encontrándose por ejemplo que el 46% es incapaz de realizar cálculos aritméticos simples (suma, resta, multiplicación y división), un verdadero desastre.

Para cerrar con mi alma mater, me pareció un desacierto el hecho que ni bien salió el decreto no hubo un pronunciamiento oficial de la universidad, pero sí la venta de certificados o constancia de tercio superior, es pues un verdadero negocio. Detesto percibir que varias entidades publicas y privadas más parecen exprimidoras, en nombre del negocio y la necesidad de muchos, venden cualquier cosa. Sin importar si ello realmente sirva a sus compradores. No lo digo por sólo esta constancia, si no por muchos otros trámites que tienen costos innecesarios. Pues incluso en este caso, cada universidad puede facilitar al sector educación un banco de datos con todos sus egresados pertenecientes al tercio superior, y no hubiera la necesidad de solicitar tan constancia a cada alumno. Así se verificaría, pero así no es negocio.

Por otro lado el decreto de Tercio Superior, es un intento paralelo al proceso de Municipalización de la educación, sin un profundo análisis, pues la gran mayoría de municipalidades de Perú ni siquiera puede con las labores limpieza publica y agua potable, si no me creen pregunten a los vecinos de Iquitos. Por lo que de acuerdo a mis percepciones la municipalización podría ser un verdadero desastre, nos sumergiría aún más.

Es pues evidente el interés del gobierno a toda osta de zafarse de la carga del sector, lo que me apena es que no me entero de propuestas orientadas a mejorar los contenidos temáticos o metodologías, pues la educación peruana no requiere de un grupo de medidas, sino de toda una reforma, la que debe contener principalmente metodologías y contenidos, pues ellas dan el alma del conocimiento de los escolares. Cuanto demoraría ¿10?, ¿15?, o ¿20 ? años, no lo sé, pero sé que si nunca iniciamos un proceso serio nunca lograremos el cambio.